La Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados debatirá y votará este jueves, 23 de julio, la proposición de ley para el impulso de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, una iniciativa que plantea endurecer el régimen sancionador para las empresas que incumplan la cuota legal de reserva de empleo.
La principal novedad de la reforma consiste en elevar de grave a muy grave la infracción de las empresas de 50 o más trabajadores que no reserven al menos el 2% de su plantilla a personas con discapacidad, tal y como establece la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.
La Comisión tramitará la iniciativa con competencia legislativa plena, por lo que, si recibe el respaldo suficiente, el texto será remitido directamente al Senado para completar su tramitación parlamentaria, sin necesidad de pasar previamente por el Pleno del Congreso.
Refuerzo del régimen sancionador
Además de elevar la gravedad de la infracción, la reforma contempla que las empresas sancionadas por incumplir esta obligación puedan quedar excluidas del acceso a determinadas subvenciones públicas, reforzando así el carácter vinculante de la normativa y el compromiso con la igualdad de oportunidades.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha valorado positivamente el avance de esta iniciativa, al considerar que supone un paso decisivo para garantizar el cumplimiento efectivo de una obligación legal vigente desde hace décadas, pero que continúa siendo incumplida por un número significativo de empresas.
La organización lleva años reclamando un endurecimiento del régimen sancionador para combatir situaciones de discriminación estructural que siguen dificultando el acceso al empleo de las personas con discapacidad y confía en que la reforma obtenga un amplio respaldo parlamentario.
Impulso político
La proposición de ley fue registrada tras recoger las demandas planteadas por el Cermi. El diputado socialista Emilio Sáez defendió que la modificación va más allá de un simple cambio administrativo. Según señaló, el nuevo marco obligará a las empresas que aspiren a contratar con las administraciones públicas a acreditar el cumplimiento de esta obligación legal.
Sáez sostiene que el actual régimen sancionador no es suficiente y que esa circunstancia estaba provocando que la medida de discriminación positiva "no funcionara bien".
Hacia una mayor inclusión laboral
Desde el Cermi insisten en que la modificación legal permitirá reforzar los instrumentos para promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad y hacer más efectivo el cumplimiento de la cuota de reserva del 2%, considerada una herramienta clave para favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.
Si la Comisión aprueba el texto esta semana y el Senado culmina posteriormente su tramitación, España contará con un marco sancionador más exigente para garantizar el cumplimiento de esta obligación por parte de las empresas obligadas por ley.
