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Ambas administraciones coinciden en la necesidad de mejorarla.

 

El alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal, ha remitido una propuesta de colaboración al presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, para abordar de manera conjunta el proyecto del ascensor a la parte alta de la ciudad. 

El texto consta de una parte expositiva en la que se pone de manifiesto que ambas administraciones coinciden en la necesidad de mejorar la accesibilidad al Casco Antiguo de Cuenca, declarado el 6 de diciembre de 1996 Patrimonio Mundial por la UNESCO por su Valor Universal Excepcional (VUE). Reconocimiento basado tanto en la indudable riqueza de su patrimonio-histórico artístico como en la perfecta simbiosis del entramado urbano con el entorno natural.

Es por ello, continúa el texto, que el Ayuntamiento pone a disposición de la Junta los dos proyectos de obras de ascensor planteados para este mismo emplazamiento, que ya fueron visados y sufragados por el consistorio, en 1999 y 2006. 

Así, teniendo en cuenta el marco de la colaboración institucional que debe presidir las relaciones entre ambas Administraciones Públicas y según la cláusula primera, las dos impulsarán la tramitación de los procedimientos necesarios, de conformidad con la normativa aplicable en cada caso para llevar a cabo tanto la construcción de un ascensor al Casco Antiguo que conectará la zona del aparcamiento municipal del Teatro-Auditorio con la Plaza de Ronda como la intervención en el Paseo del Huécar, muralla y paseo fluvial en la Hoz del Huécar, que la Junta había obviado.

Por su parte, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aportará los proyectos básicos y de ejecución, así como todos los informes y estudios que resulten precisos para obtener todos los permisos y autorizaciones necesarias para la contratación y ejecución total de las obras, que en ningún caso comprometerán el Valor Universal Excepcional del Casco Antiguo de Cuenca y sus Hoces ni su inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

En relación al coste de ambas intervenciones, estimado por el equipo de arquitectos de Cuenca IN en 5.111.282 euros, según figura en el informe del citado equipo que se deberá adjuntar como anexo, la Junta se compromete a sufragar el 80% de todas las actuaciones necesarias, a través de los fondos FEDER del Programa Operativo de Castilla-La Mancha. 

Para obtener el 20% restante de la financiación, Mariscal se compromete a efectuar las gestiones oportunas ante la Diputación Provincial de Cuenca o el Consorcio de la Ciudad de Cuenca.

La propuesta detalla también que, al ser la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la promotora de la iniciativa, deberá asumir todos los riesgos económicos y de cualquier otro tipo de la operación, así como los gastos de mantenimiento y gestión del ascensor hasta la recepción de la obra. 

En esta línea de colaboración, el alcalde propone que la Junta de Comunidades deberá hacer un estudio de viabilidad económica que cuantifique con la máxima precisión el coste de mantenimiento del ascensor durante su periodo de vida útil y de quién o cómo se sufragará el mismo, y requerirá del correspondiente convenio de colaboración específico para su mantenimiento o gestión. 

En todas las reuniones, el alcalde ha dejado claro que la situación económico-financiera del Ayuntamiento de Cuenca, sometido a un Plan de Ajuste vigente desde 2012 obliga a una reducción y racionalización del gasto con el objetivo de reducir el excesivo déficit, lo que a juicio de los técnicos municipales impide que el Ayuntamiento asuma compromisos de gastos de tales magnitudes. Y que, dada esta situación, entre las medidas asumidas por la corporación en 2012 está la revisión y contención de todas las subvenciones, aportaciones y transferencias corrientes. Es por ello que, en relación a casos como el presente, tiene prohibido asumir obligaciones de contenido económico que incrementen la deuda, el gasto, y pongan en riesgo la estabilidad financiera o el periodo medio de pago a proveedores.

Por todo ello, el protocolo recoge el compromiso de ambas instituciones de colaborar en la obtención de todos los permisos y autorizaciones necesarias de las administraciones y organismos responsables en materia de protección del Patrimonio Histórico, Medio Ambiente o cualquier otro que fuera necesario para el cumplimiento del protocolo de colaboración.

Sobre la duración del protocolo, el texto señala que tendrá una vigencia de dos años, aunque podrá prorrogarse por voluntad de las partes por el tiempo necesario para llevar a término el conjunto de actuaciones previstas en el mismo, con un máximo de otros dos años. 

Y termina exponiendo que, a los efectos del seguimiento de los acuerdos adoptados, se crea una comisión técnica de seguimiento del Protocolo, integrada por cuatro miembros, dos de los cuales serán designados por el Ayuntamiento de Cuenca y los otros dos por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

https://www.dclm.es/noticias/74307/mariscal-envia-una-propuesta-a-page-sobre-la-accesibilidad-del-casco-antiguo

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) reclamó este viernes la publicación de la convocatoria de subvenciones con cargo a la asignación tributaria de la casilla de fines sociales del IRPF para garantizar la sostenibilidad del tercer sector en general y de la discapacidad en particular.

Este fue uno de los asuntos abordados durante la ‘II Conferencia Cermi Territorios 2018’, celebrada en la sede del Cermi Estatal, donde la entidad abordó junto a sus organizaciones miembro y Cermis Autonómicos algunas de las cuestiones más candentes de la agenda política de las personas con discapacidad y sus familias a escala estatal y regional.

Además, se desarrolló una sesión de debate sobre accesibilidad universal, en la que Óscar Moral, asesor jurídico del Cermi Estatal, puso de relieve el “fracaso global” que supone el hecho de que no se haya cumplido el plazo legal que España se dio en 2003 para que el 4 de diciembre de 2017 todos los entornos, bienes y servicios de interés fueran plenamente accesibles.

Por ello, hizo un llamamiento a la Administración para cumplir con este mandato y a las organizaciones de la discapacidad para reforzar la acción de denuncia e incidencia a nivel territorial con los gobiernos de las autonomías y las corporaciones locales.

En este punto, el coordinador de Accesibilidad de Cocemfe Comunidad Valenciana, Eduardo Signes, expuso la experiencia de la entidad en su comunidad autónoma para avanzar en materia de accesibilidad universal, con especial atención al transporte ferroviario, y ha lanzado un mensaje de optimismo asegurando que “se ha fracasado, pero no tiene que ser así siempre”.

También se desarrolló un panel en el que diferentes Cermis Autonómicos han explicado algunos de los logros alcanzados durante la legislatura en materia de derechos de las personas con discapacidad, cuando falta menos de un año para que se celebren elecciones municipales en todo el Estado y comicios autonómicos en buena parte de las comunidades. Este apartado fue introducido por Cermi Cantabria y Cermi Castilla-La Mancha y ha contado con la participación de múltiples Cermis Autonómicos.

Posteriormente, se trataron cuestiones relativas a la organización del II Foro Social de Mujeres con Discapacidad (22 y 23 de noviembre en Murcia) y sobre el Congreso de Cermis Autonómicos (29 y 30 de noviembre en Barcelona), que se centrará en el impacto de las nuevas tecnologías en la vida de las personas con discapacidad.

Por último, tuvo lugar una sesión en la que el delegado del Cermi para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, repasó las principales conclusiones de la condena de la ONU a España tras la investigación realizada en 2017 por no garantizar el derecho a la educación inclusiva de todo el alumnado con discapacidad.

“En nuestro país coexisten dos sistemas educativos, el ordinario y el especial. Pero el término especial asociado a la discapacidad no implica gratificación, sino segregación de la vida en común”, advirtió.

En esta línea, el vicepresidente del Cermi José Luis Aedo reclamó a las administraciones que impulsen planes ambiciosos para avanzar hacia un modelo único de educación inclusiva, prestando especial atención a la mejora de la formación del profesorado en la universidad y a quienes ya están en activo, a fin de poder atender las necesidades de estudiantes con discapacidad.

Eso sí, el Cermi recordó que se debe trabajar para garantizar el derecho a la educación inclusiva contando con los centros de educación especial y aprovechando su experiencia y capital humano, contribuyendo a que el alumnado con discapacidad cuente con los apoyos necesarios en la escuela ordinaria.

https://www.servimedia.es/noticias/1056809

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha pedido al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social que el futuro plan contra la explotación laboral, en el que está trabajando el Gobierno, tenga en cuenta a las personas con discapacidad de manera reforzada.

Así lo ha planteado la entidad en una carta remitida al subsecretario del Ministerio de Trabajo, Raúl Riesco, en la que advierte de que las personas con discapacidad son "un grupo social vulnerable, sometido objetivamente a mayor riesgo de sufrir explotación laboral, por lo que han de ofrecerse mecanismos reforzados de persecución, protección y defensa".

Por ello, el Cermi acompaña su escrito con un documento con propuestas para el futuro plan contra la explotación laboral, entre las que destaca la exigencia de que el plan recoja de manera clara el imperativo legal de que las empresas con una plantilla igual o superior a 50 trabajadores cuenten con un 2% de empleados con discapacidad.

Además, el futuro plan debe velar por que se cumpla la obligación de que las empresas de 50 o más trabajadores adopten las medidas alternativas solo cuando excepcionalmente sean eximidas de la obligación de realizar contrataciones directas de personas con discapacidad. Cuando ni la reserva de puestos de trabajo ni las medidas alternativas se cumplan, tal y como recoge la Ley de Contratos del Sector Público, se debe prohibir concurrir a licitaciones de servicios con administraciones.

Por otra parte, el Cermi aboga, de acuerdo con la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, por vigilar que en las empresas se cumpla la obligación de adoptar las medidas adecuadas para la adaptación del puesto de trabajo y la accesibilidad del entorno laboral, en función de las necesidades de cada situación concreta, con el fin de permitir a las personas con discapacidad acceder al empleo, desempeñar su trabajo, progresar profesionalmente y recibir formación.

Del mismo modo, la entidad reclama que el plan combata con todos los medios las discriminaciones directas e indirectas que afecten a las personas con discapacidad en las relaciones laborales, prohibidas por el artículo 4.2.c del Estatuto de los Trabajadores.

Otra de las medidas planteadas por el Cermi es la de aplicar en todo momento el necesario enfoque de género y discapacidad en todas las actuaciones de género o relacionadas con este que despliegue la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dada la mayor vulnerabilidad de las empleadas con discapacidad, que deben gozar de un grado de protección y de vigilancia del cumplimiento de sus derechos más reforzado.

(SERVIMEDIA)

https://www.servimedia.es/noticias/1057027

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