MANIIFIESTO DEL MOVIMIENTO CERMI

POR EL PLENO DERECHO HUMANO A LA SALUD, SIN DISCRIMINACIONES NI EXCEPCIONES Y CON ENFOQUE DE GÉNERO, PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 

La pandemia global desencadenada por el COVID-19 es una prueba para las sociedades, las personas, las familias, los gobiernos y las organizaciones supranacionales e internacionales; es un desafío para el mundo y para la especie humana. Se trata de una crisis sin precedentes en el último siglo que ha sometido a tensión extrema los principios inspiradores de los sistemas de salud como la universalidad, la equidad y la no discriminación.

 

Esta crisis masiva de salud pública, que ha devenido en crisis social y económica de efectos devastadores, aún no dimensionados, ha situado en un estado de excepcionalidad y ha castigado severamente a las personas con discapacidad y a sus familias, que han sentido y están experimentando de forma desproporcionada los impactos más lacerantes de esta emergencia sanitaria, comprometiendo no solo la salud sino también segando muchas vidas que nunca se llorarán bastante.

 

Para las personas con discapacidad, mujeres y hombres, para sus familias y para todo el movimiento social CERMI esta pandemia trasciende la emergencia sanitaria y debe considerarse también y sobre todo como una emergencia humanitaria a escala nacional, europea y planetaria.

 

Por todo ello, con motivo del Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, declarado por el Gobierno de España para el 3 de mayo de cada año, en recuerdo de la entrada en vigor de este tratado de derechos humanos en nuestro país, desde el movimiento social de la discapacidad en España, encarnado en el CERMI y sus Organizaciones miembro, se realiza el siguiente llamamiento :

 

  • RECUERDA que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es una norma jurídica de cumplimiento imperativo en España, como tratado internacional de derechos humanos, que reconoce en su artículo 25 que las personas con discapacidad tienen el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Este tratado internacional establece un concepto amplio, conforme al modelo social de entender la discapacidad, que trasciende con mucho el mero reconocimiento oficial. De hecho, son muchas las personas que presentando de hecho una discapacidad, no cuentan, por diversas circunstancias, con declaración administrativa y tienen que enfrentar los mismos o más obstáculos a su inclusión. La Convención, asimismo, en su artículo 11, insta a los Estados a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de emergencias.

 

  • DENUNCIA cualquier práctica, recomendación o política clínica que discrimine a las personas con discapacidad en el acceso a los cuidados de salud y en los servicios sanitarios; así como las actuaciones clínicas o médicas basadas en prejuicios y sesgos que descarten a determinados grupos sociales de tratamientos médicos necesarios para superar o aliviar la enfermedad, porque nunca se repetirá bastante que todas las vidas humanas tienen el mismo valor y dignidad. Todos los cuidados, atenciones y tratamientos de salud han de proporcionarse a todas las personas con discapacidad que los necesiten.

 

  • ALERTA de las consecuencias del confinamiento en la salud de algunas personas con discapacidad, que precisan salidas terapéuticas, atención habilitadora y rehabilitadora y tratamientos médicos, protésico-quirúrgicos y psicosociales específicos y permanentes para evitar episodios de colapso personal con grave afectación de sus condiciones de salud y de bienestar integral, físico, emocional y psicológico.

 

Al mismo tiempo que previene de los efectos nocivos (a veces irrecuperables) sobre el desarrollo de los niños y niñas con discapacidad si no se asegura la continuidad de los programas de detección y diagnóstico precoz, conforme a la prescripción facultativa, y de la habilitación funcional, dotando de los recursos precisos en estas especiales circunstancias al personal profesional con competencia en la materia.

 

  • APELA a los mandatos de derechos humanos como la mejor vacuna para mitigar los efectos de esta pandemia en las personas con discapacidad y en sus familias, y como escudo para proteger su integridad e indemnidad ante las consecuencias sociales, educativas, laborales, sociosanitarias y económicas de esta pandemia.

 

  • REVINDICA la accesibilidad universal como garante para el ejercicio, goce y disfrute del derecho humano a la salud, para que las personas con discapacidad conozcan y apliquen las indicaciones, en condiciones de igualdad, de prevención, diagnóstico y protección promovidas por las autoridades y profesionales sanitarios y sociales.

 

  • EXIGE que se materialicen las recomendaciones dadas a España por el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas como la manera óptima para mantener la defensa y protección de la salud de las personas con discapacidad. Es imperativo que se asegure que todas las personas con discapacidad puedan acceder a los servicios de atención a la salud y que dispongan de información y comunicación sanitarias accesibles, así como apoyo de terceras personas, materiales y equipos adaptados. Asimismo, debe garantizarse el suministro y acceso a los tratamientos farmacológicos y a los repuestos y pilas o baterías, imprescindibles para el funcionamiento de las prótesis, además de los servicios de reparación en caso necesario.

 

  • DEMANDA que la perspectiva de género presida la gestión de esta crisis, en la que se cuente con las mujeres y niñas con discapacidad y que incorporen acciones que protejan a las madres y cuidadoras, para que esta emergencia no repercuta de forma desmedida en ellas: por la salud, por la violencia de género y por cuidar de los demás. Es esencial que se reconozca las especificidades de las mujeres en materia del derecho a la salud, incluida la salud sexual y reproductiva, evitando las restricciones de acceso a atención y protocolos sanitarios, especialmente para las situaciones de mayor riesgo de exclusión, como las mujeres con discapacidad psicosocial, o las que sufren enfermedades crónicas y enfermedades orgánicas no reconocidas, o las que son víctimas de violencia y abuso. Deben quedar incluidas en esta atención con enfoque de género también las mujeres que sufren depresión postparto o duelo por la pérdida gestacional o neonatal, exacerbado por el contexto de emergencia.

 

  • RECUERDA a todas las personas mayores, incluidas las personas con discapacidad mayores, que están sufriendo esta pandemia en carne propia de forma más virulenta y cuyos derechos humanos se están no solo cuestionando sino negando del modo más despiadado, a favor de una pretendida eficiencia del sistema, ante la escasez de recursos y la elevada presión asistencial. El movimiento CERMI está colaborando activamente con las organizaciones de personas mayores para contribuir a visibilizar estas necesidades y reivindicaciones, que también son de la discapacidad organizada.

 

  • DENUNCIA la inexistencia en nuestro país de un auténtico espacio sociosanitario inclusivo, invocado pero siempre postergado, que atienda de modo integral y armónico las necesidades complejas y superpuestas de salud y sociales, al servicio de la persona que ha de ser su eje, y no obligando a la persona a escindirse en función de las lógicas enfrentadas de los sistemas sanitarios y sociales, cuya realización acelerada debe ser una prioridad política de primera magnitud.

 

Ante la pandemia del coronavirus, el movimiento CERMI plantea como irrenunciable la siguiente agenda política:

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La convocatoria en su totalidad es de 52 millones de euros, 2,3 millones más que en 2019

 

  • La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha recordado que esta convocatoria, con 52 millones de euros en su conjunto, beneficia a 10.000 personas y 166 entidades de iniciativa social que trabajan en el ámbito de la discapacidad en Castilla-La Mancha, que gestionan 90 recursos de día (Ocupacionales, Centros de Día y Servicios de Capacitación) con un total de 3.263 plazas, 108 centros de carácter residencial con 1.360 plazas y 43 servicios de atención temprana que atienden a más de 5.900 familias.
  • La responsable de Bienestar Social, ha tenido palabras de reconocimiento por el “trabajo riguroso y comprometido no solo personal, sino de todo el Gobierno regional a todo el sector de la discapacidad que forma una amplia red en Castilla-La Mancha”.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la concesión de subvenciones en materia de discapacidad a entidades sociales por importe de 29 millones de euros.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, donde ha indicado que estos 29 millones de euros aprobados por el Consejo de Gobierno corresponden a 16 expedientes de subvenciones a Entidades Privadas de Iniciativa Social, dirigidas al mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de programas destinados a la atención de personas con discapacidad durante este año 2020.

Aurelia Sánchez ha señalado que la convocatoria en su totalidad asciende a 52 millones de euros, pero un total de 16 expedientes, que corresponden a 14 entidades, superan la cuantía de 750.000 euros y han requerido la autorización del Consejo de Gobierno. La convocatoria en total supone un incremento del 4,55% sobre el año 2019. En este caso, el movimiento asociativo dispondrá de 2,3 millones de euros adicionales sobre el ejercicio pasado.

En concreto, la subvención a estas 14 entidades supone financiar un total de 917 plazas residenciales, 1.106 plazas de integración socio-laboral, 426 plazas en Centro de Día, es decir, un total de 2.500 plazas especializadas de atención a personas con discapacidad y que suponen dar trabajo a 1.400 profesionales.

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