El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) es una de las organizaciones invitadas a comparecer ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica tras la COVID-19 creada en el Congreso, donde solicitará “un fondo de reconstrucción social para el tercer sector de la discapacidad”.

Así lo ha avanzado a Europa Press su presidente, Luis Cayo Pérez, que ha detallado que el objetivo es que este fondo permita “no reparar pero, al menos, minimizar todos los daños” económicos y sociales causados en la red de apoyo del movimiento de la discapacidad, que en España mayoritariamente se presta desde estructuras asociativas que “la pandemia ha debilitado y fragilizado”.

 
 Pérez ha adelantado que entre las medidas de futuro que defenderá el CERMI se hallan que “en la reconstrucción se tenga en cuenta lo social, y que no sea una mera reconstrucción económica, de repetir el mismo esquema de desarrollo y explotación económica” y que, junto con la sostenibilidad ambiental, haya “una sostenibilidad de la inclusión, un rostro social de la reconstrucción”, donde tienen que estar todos los grupos más vulnerables.

Asimismo, el presidente del CERMI ha detallado que pedirá que se ponga en marcha una nueva gobernanza social. “La participación y la corresponsabilidad en las decisiones ya no es solo cuestión de los gobiernos, de los poderes públicos, de los agentes sociales más tradicionales”, ha indicado, para después añadir que “tiene que abrirse porosamente” a las nuevas realidades de la ciudadanía que “tiene que estar en la toma de decisiones”.

En este contexto, el CERMI saluda y agradece al Parlamento que “haya querido escuchar la voz de la discapacidad organizada”. “Entendemos y creemos que tenemos mucho que decir de cara a la reconstrucción social y económica del país después de la pandemia o conviviendo con ella”, ha afirmado Luis Cayo Pérez.

Ha recordado que las personas con discapacidad y sus familias “han sufrido desproporcionadamente” los efectos de la pandemia. “Junto con los mayores, han sido de las más gravemente afectadas en todos los términos posibles, pero sobre todo en los más lamentables, de pérdida de vidas humanas y de afectación de sus vidas”, ha recalcado.

 “Muchos servicios de atención, de cuidados, de acompañamiento, muchos recursos sociales cerrados, clausurados o minimizados, lo que tendrá también un efecto en su salud, habilitación o rehabilitación, en su proceso de inclusión social, que se ha paralizado, detenido o ralentizado”, ha explicado el presidente del CERMI.

Finalmente, ha defendido su legitimidad para comparecer en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, a donde llevará un “claro” mensaje: “Toda reconstrucción pasa primero por una valoración de los daños, del mal causado por la pandemia y de intentar compensarlo, atenuarlo o remediarlo”.

https://www.moncloa.com/cermi-congreso-fondo-reconstruccion-social/

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El primer pleno del Ayuntamiento de Toledo que se celebraba desde el inicio de la pandemia solo consiguió la unanimidad de todos los grupos en una de las mociones presentadas. Se trata de una propuesta de IU Podemos con la que se acordó adaptar todos los temarios a un lenguaje accesible a todas las personas con discapacidad intelectual que se presenten a las convocatorias de empleo público municipales.

La moción, defendida por el portavoz de IU Podemos, Txema Fernández, proponía también negociar en las mesas de personal oportunas el temario de conocimiento teórico a exigir a este colectivo adecuando sus futuras funciones a lo exigido en este temario, así como los perfiles profesionales destinados a dichas plazas.

De la misma manera, se acordó colgar en la página web municipal, en el lugar más accesible posible, estos temarios para que puedan tener acceso libre y gratuito a todas las personas con discapacidad intelectual y así lo consideren.

“Estamos poniendo las bases reales para que las personas con discapacidad lo tengan un poco más fácil en el acceso a puestos de trabajo. Queremos que el Ayuntamiento sea punta de lanza y asuma las dificultades que tiene este colectivo”, señaló Fernández, que explicó que han trabajado esta propuesta de manos de las asociaciones y entidades que trabajan con personas con discapacidad.

En este sentido, recordó que un 7% del total de las plazas que se ofertan en cada convocatoria de empleo público está reservado para personas con discapacidad y, de ellas, el 2% a personas con discapacidad intelectual.

También, la moción contempla destinar dichas plazas a aquellas categorías que no exigen un requisito de titulación o de Grupo V para personal laboral, así como exigir a la Administración regional la posibilidad de convocar de forma específica e independiente tal y como se lleva a cabo en otras comunidades autónomas.

A pesar de la unanimidad y del apoyo del resto de grupos, Vox y PP aprovecharon el debate de esta moción para reprochar que el Gobierno de España quiera “cerrar centros de educación especial en el país”, algo que desmintió la propia ministra de Educación, Isabel Celaá, y que volvía a hacer el portavoz de IU Podemos.

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