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El Gobierno de C-LM y CERMI firman un acuerdo de colaboración

Este martes se ha firmado un acuerdo de colaboración para la mejora de la atención a la discapacidad entre el CERMI, la Consejería de Bienestar Social y la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, con el que se da estabilidad al movimiento asociativo de la discapacidad en relación al convenio laboral a nivel nacional que establece unos incrementos de costes laborales próximos al 10%, que se añaden a la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

La titular de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha señalado que, cada día, «más de dos mil profesionales trabajan para atender a las más de diez mil personas con discapacidad en Castilla-La Mancha. En la región existen más de 250 recursos para ello y, en esta última legislatura, más de 200 profesionales se han podido incorporar para llevar a cabo esta tarea.

Según ha informado la Junta en un comunicado, Sánchez ha marcado como retos dos desarrollos normativos: por un lado, la Ley de Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad y, por otro, la Ley de Acceso al Entorno de las Personas con Discapacidad.

El protocolo se basa en tres aspectos fundamentales: mejorar el modelo de atención a la discapacidad, crear nuevos recursos para dar respuesta a las nuevas necesidades y no olvidar a los profesionales, «que ponen mucho de su persona y de su buen hacer para conseguir los objetivos que tenemos previstos para las personas con discapacidad».

El Gobierno de Castilla-La Mancha atiende diariamente a más de 10.000 personas con discapacidad en los diferentes dispositivos especializados de atención: centros ocupacionales, servicios de capacitación, centros de día, viviendas tuteladas, residencias, centros para discapacidad grave o centros de atención temprana. Para ello destina 1,9 millones de euros al día al Estado del Bienestar, Sanidad, Educación y Bienestar Social.

EN SINTONÍA CON LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA

Por su parte, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha resaltado que este acuerdo está en sintonía con la política presupuestaria que ha defendido el presidente regional, Emiliano García-Page –ausente del acto debido a una afonía– en el sentido de que favorece la cohesión social, es sostenible y mejora la competitividad en este ámbito.

Dentro de las competencias de Hacienda y Administraciones Públicas, Ruiz Molina ha destacado las actuaciones que se van a llevar a cabo en el ámbito de la discapacidad, entre las que ha resaltado blindar con rango de ley la reserva a centros especiales de empleo de un 10 por ciento de la contratación pública.

Además, también se modificará la Ley de acceso a la función pública para que los temarios y las pruebas puedan estar adaptados a las personas con discapacidad intelectual y, en ese momento, se convocarán las 37 plazas de Administración General reservadas a personas con discapacidad intelectual que se aprobaron en las Ofertas de Empleo Público de 2017 y 2018.

Con las nuevas competencias que asume la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en materia de nuevas tecnologías y administración digital, Ruiz Molina ha anunciado la intención de potenciar el trabajo que hacen las personas con discapacidad intelectual en la digitalización de documentos en el archivo regional.

Por su parte, la presidenta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de Castilla-La Mancha, Cristina Gómez, ha recordado cómo García-Page terminó el discurso de su toma de posesión asegurando que quería ser «más presidente de las personas con discapacidad que del resto», una aseveración que le llegó a «emocionar», ha reconocido.

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha remitido un informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el que explica la evolución de la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el Estado español desde el año 2015. En el documento, se analizan los "avances" y también los incumplimientos de España en esta materia, como que no se haya erradicado la práctica de esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad, que sufren especialmente las mujeres y niñas.

 

El informe ha sido elaborado por el CERMI ante el próximo Examen Periódico Universal (EPU) al que será sometido España por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. También ha sido remitido al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para que conste al Ejecutivo la posición de la sociedad civil en esta materia.

 El CERMI, que fue nombrado en 2011 mecanismo independiente de seguimiento de la aplicación de la Convención en España, parte en su informe de las observaciones que el Consejo de Derechos Humanos realizó a España en su anterior examen (2015), así como de las recomendaciones realizadas por el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (2019), el Comité del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Comité de los Derechos del Niño (2018).

Entre las observaciones que no se han cumplido, el documento destaca la ampliación de la protección contra la discriminación por motivos de discapacidad y ante la denegación de ajustes razonables. También hace hincapié en la revisión de las disposiciones legislativas que autorizan la privación de libertad por motivos de discapacidad; en el impulso de políticas para luchar contra la violencia hacia mujeres y niñas con discapacidad y asegurar su acceso a un sistema de respuesta integrado; y en la mejora de las tasas de actividad laboral de las personas con discapacidad.

Además, el CERMI lamenta que no se haya erradicado la práctica de esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad, que sufren especialmente las mujeres y niñas. Asimismo, advierte de que no hayan concluido los trabajos legislativos para modificar el Código Civil y pasar de un sistema de sustitución de la capacidad jurídica a otro basado en la provisión de apoyos en la toma de decisiones, al tiempo que critica "las carencias" en el derecho a la educación inclusiva para todo el alumnado con discapacidad.

De igual modo, el CERMI pone el foco en el "incumplimiento" de los mandatos legales en materia de accesibilidad universal lo que, a su juicio, supone "un auténtico fracaso en las políticas públicas españolas". Así, recuerda que el 4 de diciembre de 2017 expiraba el límite legal temporal para alcanzar la accesibilidad universal de todos los entornos, productos y servicios. "España sigue lleno de muros, barreras y obstáculos sin que haya habido una reacción legal para exigir el cumplimiento de la norma y castigar las vulneraciones", recalca el informe.

Desde el CERMI expresan su preocupación "por la no reversión de los recortes de derechos, prestaciones y apoyos como consecuencia de la crisis económica y de las políticas de austeridad de los poderes públicos aplicadas desde 2008". Del mismo modo, denuncia que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad "no ha permeado por igual" en todas las administraciones del España, "existiendo carencias importantes en este sentido en las comunidades autónomas, así como en los operadores jurídicos".

En su informe, el CERMI también destaca los "avances" y recomendaciones que sí se han llevado a cabo desde 2015. Entre ellas, destaca la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en 2018, que devolvió el derecho al voto a casi 100.000 personas que estaban privadas del mismo por razón de discapacidad intelectual, psicosocial o deterioro cognitivo.

También apunta al "fortalecimiento de las garantías procesales" de las personas con discapacidad ante un proceso judicial; y a la reforma de la Ley Orgánica del Jurado Popular para permitir que las personas con discapacidad puedan formar parte de este tipo de tribunales. Asimismo, destaca la eliminación de la discriminación que sufrían determinadas personas con discapacidad a la hora de contraer matrimonio; y la aprobación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que refuerza la dimensión social de la contratación por parte de las administraciones.

Otros de los avances enumerados por el CERMI ante el informe remitido a la ONU y al Ministerio de Asuntos Exteriores son l0a aprobación por parte del Gobierno de España del Día Nacional de la Convención de la Discapacidad de la ONU; la constitución de sendas comisiones de discapacidad en el Congreso de los Diputados y en el Senado, con carácter permanente y legislativo; así como la creación del Foro Justicia y Discapacidad y de una fiscalía especializada de discapacidad.

https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/cermi-informa-onu-incumplimientos-espana-discapacidad-como-esterilizacion-forzosa-accesibilidad-20190712_458157

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Según el último estudio de la Fundación Adecco, el 65% de las personas con discapacidad afirma que las Nuevas Tecnologías facilitan la búsqueda de empleo: sólo un 26% de las personas con discapacidad en edad laboral trabaja a día de hoy. “Muchas personas con discapacidad permanecían excluidas del mercado laboral y, gracias al desarrollo de la tecnología y a la innovación, han tenido la oportunidad de demostrar su talento y optar a un empleo al que, hace algunas décadas, hubieran tenido muy difícil acceder", ha afirmado Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.
 

El 15 de julio se celebra el Día Internacional de las Tecnologías Apropiadas, una fecha clave que nos recuerda la importancia de invertir en el diseño de tecnologías inclusivas que tengan en cuenta determinadas necesidades sociales, como las que tienen alrededor de 4 millones de personas con discapacidad en nuestro país.

Con motivo de esta celebración, la Fundación Adecco y Keysight Technologies Spain se han unido para llevar a cabo la octava edición del Informe de Tecnología y Discapacidad. A través de una encuesta realizada por la Fundación Adecco a personas con discapacidad se ha analizado la influencia de las Nuevas Tecnologías en su vida cotidiana y, en concreto, en su acceso al mercado laboral y su desarrollo profesional.

Datos claves que se desprenden del análisis es que los avances tecnológicos tienen una estrecha relación con la inclusión de las personas con discapacidad y se han convertido en aliadas imprescindibles al mejorar, en rasgos generales, su calidad de vida como afirma el 66% de los encuestados. Entre otras consecuencias positivas, la comunicación y la búsqueda de empleo se presentan como los aspectos donde las personas con discapacidad se han visto más beneficiadas gracias a los avances de la tecnología, según el 65% y 64% de los encuestados respectivamente.

Por estos motivos las Nuevas Tecnologías se han vuelto esenciales para garantizar el acceso laboral de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria, puesto que abren puentes de comunicación entre ambas, creando así entornos más accesibles y abiertos sus necesidades. En la práctica permite a las personas con discapacidad mejorar su empleabilidad mediante el acceso a la formación, dar más visibilidad a su perfil profesional, mejora la interacción con las empresas y el acceso a las ofertas de trabajo; una vez obtenido el empleo, contribuye al óptimo desarrollo y mantenimiento de su puesto de trabajo. El 71% de los encuestados afirma que las nuevas tecnologías les ayudan, de alguna forma, a desempeñar su puesto de trabajo, al reducir las barreras con las que se encuentran y equiparar sus capacidades a las de la población general.

Según Francisco Mesonero, director general de Fundación Adecco: “Es un hecho que el impacto de la tecnología en el empleo de las personas con discapacidad es creciente, y las cifras así lo constatan. Este crecimiento debe convertirse en motivación para seguir avanzando, poniendo la tecnología al servicio de un fin social que hoy se ha convertido en una prioridad nacional: la igualdad de oportunidades y la plena inclusión de las personas con discapacidad”. 

El teletrabajo se introduce como alternativa real e incluso una garantía interesante para aquellas personas con movilidad reducida pero avanza lentamente en España, aun así, con respecto al año pasado, el porcentaje de personas con discapacidad que tiene empleo y su puesto permite el trabajo de forma telemática ha aumentado 6 puntos porcentuales, registrando un 17% de personas con discapacidad que indican que tienen opción de teletrabajar.

Entre las ventajas del teletrabajo para la empresa se encuentran, la reducción de costes de infraestructura, el aumento de la productivida, la captación de nuevos talentos, como personas con discapacidad excluidas del mercado laboral, la reducción del absentismo, el aumento  del potencial de captación de talento, abriéndose a los sectores más inactivos como las personas con discapacidad, el fomento de las nuevas tecnologías, el impulso a las políticas de RSC, al adoptar medidas que favorecen la conciliación y la generación de una ventaja comparativa. 

Para las personas con discapacidad, se elimina la barrera de la movilidad (ahorro de costes y tiempo), supone una mayor flexibilidad y posibilidad de conciliar familia, terapias y trabajo, entre otros, el aumento de la motivación y del compromiso, la inclusión en el mercado laboral y mejora de autoestima y la mejora global de la calidad de vida.

Otra temática tenida en cuenta en el estudio, son las redes sociales, plataformas clave en la búsqueda de empleo, porque son una herramienta que atenúa las debilidades y potencia las fortalezas, y donde las personas con discapacidad pueden actuar en igualdad de condiciones. Un 64% de los encuestados asegura que las Nuevas Tecnologías facilitan la búsqueda de empleo; de hecho, el 77% de los encuestados afirma que las redes sociales aumentan las posibilidades de encontrar empleo. 

Pero todavía existe una gran brecha digital en las personas con discapacidad, a pesar de todas las ventajas y mejoras que supone la tecnología para este colectivo, en ocasiones ésta pone barreras difíciles de sortear. En cuanto a los terminales más accesibles, un 70% destaca el smartphone, seguido por el ordenador portátil (45%) y la Tablet (38%). Sin embargo, un 16% afirma que aún son muchas las barreras de accesibilidad presentes en los dispositivos.

El 19% de los encuestados encuentran barreras navegando por internet, destacando que hay una falta de opciones accesibles: ausencia de textos en lectura fácil, un tamaño de letra demasiado pequeña para las personas con discapacidad visual, así como el color y contraste de las fuentes; los pop-ups, banners o la publicidad; la ergonomía: adaptación a las características físicas y psicológicas del usuario, el funcionamiento complejo: falta de menú o índice fijo, visible en las diferentes páginas de la misma web, puesto que puede llevar a confusión y pérdida de la ubicación en la navegación.

En la búsqueda de empleo, estas barreras suponen una limitación muy importante debido a que prácticamente la totalidad de las ofertas de empleo que se publican lo hacen en plataformas digitales. Las redes sociales (66%), seguidas de las aplicaciones de empleo (62%) son las más utilizadas por los encuestados. Además, es destacable que el 26% de los encuestados utilice aplicaciones para hacer accesibles sus dispositivos tecnológicos, hecho positivo, puesto que mejoran su experiencia de uso.

En definitiva, la tecnología tiene todavía mucho por explorar y nuevas acciones que poner en marcha para seguir impactando de manera positiva en la vida de todos, en especial de las personas con discapacidad, por eso es clave que se adecuen las necesidades planteadas en el ámbito tecnológico y empresarial, de cara a que las empresas ordinarias puedan contar, de partida, con soluciones accesibles para las personas con discapacidad, siendo con ello entornos más abiertos y proclives a su incorporación.

https://diarioresponsable.com/noticias/27926-el-impacto-de-las-nuevas-tecnologias-en-la-empleabilidad-de-las-personas-con-discapacidad

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