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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha valorado la concertación social del Proyecto de Ley de Apoyo y Protección Garantizada, durante la fase de consulta previa e información pública, y ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para que sigan recogiendo en sus enmiendas, nuevas aportaciones realizadas por las entidades y asociaciones que trabajan con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

Así lo ha transmitido el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos durante un encuentro mantenido con colectivos sociosanitarios de Albacete, en la Residencia de Mayores “Paseo de la Cuba”, en el que ha subrayado que esta nueva Legislación “pionera en España y en Europa, absolutamente necesaria y objetivo prioritario del Gobierno del presidente Emiliano García-Page”, va dirigida a personas con discapacidad, y beneficiará a cerca de 8.000 personas en la provincia Albacete, -un 20 por ciento del total de Castilla-La Mancha-.

La Consejería de Bienestar Social ha estimado que son beneficiarios 35.716 personas en la Comunidad Autónoma,  un 25,36 % del total de las personas con estos tipos de discapacidad que hay en Castilla La Mancha.

Ruiz Santos ha trasladado que esta normativa, está dotada con 5 millones de euros para el presente ejercicio 2018, incorporando 400 casos de tratamiento directo, y una reserva de 85 plazas residenciales, y pretende dar respuesta al artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece la obligatoriedad de reconocer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida.

Apoyo a sus Planes de Futuro y Garantía Residencial

En esta Jornada en la que el delegado de la Junta en Albacete estuvo acompañado de la directora provincial de Bienestar Social, Antonia Coloma; la directora provincial de Sanidad, Blanca Hernández; y la directora provincial del Instituto de la Mujer, Mercedes Márquez; y los representantes de numerosas asociaciones que trabajan con personas con discapacidad, Ruiz Santos ha resaltado que el Proyecto de Ley de Protección y Apoyo Garantizado se baja en dos ejes: “Sistema de apoyos y garantía de apoyo residencial”.

Con respecto al primer objetivo, el representante del Gobierno regional ha explicado que se trata de un sistema para que estas personas puedan reflejar el recorrido vital que desean, es decir, sus planes personales de futuro, la creación de una Unidad de Mediadores, y una Oficina de Registro de carácter autonómico para cuando sus familiares directos no estén.

El segundo pilar fundamental se asienta en la garantía de apoyo residencial priorizado, una vez que la persona con discapacidad presenten limitaciones para la toma de decisiones y no cuente con sus apoyos familiares.

Durante la atención a los medios de comunicación, el delegado de la Junta de Comunidades también ha avanzado que el desarrollo de esta futura Ley, que podría estar aprobada en los próximos tres meses, se contempla lógicamente la contratación de nuevos profesionales.

https://www.eldigitaldealbacete.com/2018/04/10/la-ley-de-apoyo-y-proteccion-garantizada-para-personas-con-discapacidad-beneficiara-a-cerca-de-8-000-personas-en-la-provincia-albacete/

 

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  • El Gobierno ha reconocido que 86 de los 299 edificios con los que cuenta la Administración Pública aún no son totalmente accesibles. El Ejecutivo reconoce, también, así su incumplimiento de la Ley de Discapacidad, que ponía como límite para lograr la accesibilidad universal en sus inmuebles el 4 de diciembre de 2017.

El Gobierno ha reconocido que 86 de los 299 edificios con los que cuenta la Administración Pública aún no son totalmente accesibles. El Ejecutivo reconoce, también, así su incumplimiento de la Ley de Discapacidad, que ponía como límite para lograr la accesibilidad universal en sus inmuebles el 4 de diciembre de 2017.

En concreto, el Gobierno explica, en respuesta a una pregunta parlamentaria registrada por el diputado socialista Miguel Ángel Heredia, que se han llevado a cabo varios estudios a través de Ilunion para comprobar es estado y las necesidades de los edificios en esta materia.

El resultado es que el 28,8 por ciento de los inmuebles de la Administración no están adaptados a las personas con discapacidad. Un porcentaje que también ha calculado en metros cuadrados. En total, de los 759. 060 metros cuadrados públicos disponibles, 613.037 son totalmente accesibles.

Para Heredia, estos números demuestran que "queda aún bastante por hacer" para "avanzar en la igualdad" y cumplir con los postulados de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que España ha ratificado y por tanto debe cumplir.

se hizo una Ley que obligaba a alcanzar la accesibilidad universal. El pasado 4 de diciembre se acababa el plazo establecido por la propia normativa sobre derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social para alcanzar esta accesibilidad universalidad en todos los entornos, productos y servicios: pero no se cumple.

Los edificios tienen que ser accesibles para todo el mundo, así como las páginas webs o los trenes de Renfe. Tienen que ser accesibles. En todas sus formas. La única salvedad que establece la ley es que apostilla que esta accesibilidad se hará "siempre que fuera susceptible de ajustes razonables".

Heredia denuncia que el propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que era el primero que debería cumplir esta medida, ni siquiera la cumple. En la citada respuesta parlamentaria se reconoce que a estas alturas han contratado con ILUNIÓN un informe de accesibilidad para los edificios de la sede central y de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad de Madrid y que una vez recibidos ambos informes en junio de 2017, está tramitando ahora, diversos contratos y que lo ejecutarán dependiendo de las disponibilidades presupuestarias.

Por otra parte la Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas ha contratado también la elaboración de un informe de accesibilidad con ILUNION que se está elaborando ahora, de fechas para hacer las obras ni hablamos.

Y respecto al Centro de Investigación y Control de Calidad las obras de adaptación se iniciarán durante 2018.

A estas alturas el Gobierno señala que los edificios que dependen del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, es ahora cuando van a hacer un estudio sobre la situación de accesibilidad. Luego según el diputado socialista el Ministerio de Asuntos Sociales del que depende la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, no se ha esforzado nada en estos siete años de Gobierno de Rajoy por cumplir con esta Ley sobre accesibilidad.

También en esta respuesta el Gobierno reconoce que el 20% de los inmuebles del Ministerio de Justicia no son totalmente accesibles.

En cuanto al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación se dice que en la actualidad se están realizando las obras de adecuación para la accesibilidad para las zonas de atención al público

El Ministerio de Hacienda y Función Pública es el único que dice ser accesible.

Pero Heredia señala que de los 13 Ministerios del Gobierno de Rajoy, en la respuesta se habla de 4, pero no de los 9 restantes, lo cuál hace suponer poner que o bien se ha hecho o incluso nada por favorecer la accesbilidad. Y no se habla tampoco de los Organismos Autónomos.

Por todo ello el diputado socialistas va a plantear una batería de iniciativas parlamentarias, en primer lugar para conocer cómo explica el Gobierno que incumple la Ley de accesibilidad, y lo que es peor, resta aún mucho por hacer.

En segundo lugar quiere conocer como se encuentran en lo que accesibilidad se refieren los 9 Ministerios de los que no habla el Gobierno en su respuesta, así como del conjunto de Organismo Autónomos.

Por ultimo va a plantear si prevé poner en marcha un plan de choque sobre accesibilidad en todos y cada uno de los Ministerios, acompañado de las inversiones necesarias.

http://www.lavanguardia.com/vida/20180414/442563544187/el-gobierno-reconoce-que-86-de-los-casi-300-edificios-de-la-administracion-publica-aun-no-son-totalmente-accesibles.html?platform=hootsuite
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La XXXIII edición de la Marcha de Solidaridad con las personas con discapacidad de Toledo se celebrará el día 21 de abril y tendrá salida en el Colegio de Infantes y llegada a la Plaza de Toros.

Según ha informado la Diputación de Toledo en nota de prensa, el presidente de la Institución provincial, Álvaro Gutiérrez, y el presidente y vicepresidente de la Federación Provincial de entidades pro personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral de Toledo (Marsodeto), Carlos del Valle y Carlos Martín Fuertes, se han reunido este lunes en la sede de la Institución provincial.

Gutiérrez ha analizado con los responsables de la federación el desarrollo del convenio que la Institución mantiene de cara a colaborar en las actividades desarrolladas por Marsodeto, que presta sus servicios a 12 asociaciones de discapacidad intelectual y parálisis cerebral, prestando 46 servicios concertados a 2.177 usuarios, con la aportación de 611 profesionales.

El presidente provincial ha destacado, en el marco de ese acuerdo de cooperación con la Administración provincial, la inclusión de aspectos que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida de quienes son el objeto de la acción de Marsodeto.

JESÚS FERNÁNDEZ VAQUERO, PADRINO

Este año, el padrino de Marsodeto será el presidente de las Cortes regionales, Jesús Fernández Vaquero, que sustituye en este cargo honorífico al consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, quien ha ejercido el padrinazgo desde abril del pasado año.

Los responsables de Marsodeto han trasladado al presidente de la Diputación de Toledo de su interés por realizar un acto institucional destinado a homenajear a los presidentes de la federación con motivo de su XXV aniversario, así como la posibilidad de realizar cursos de natación el próximo verano para personas con discapacidad.

 

https://www.clm24.es/articulo/toledo/xxxiii-marcha-solidaridad-favor-personas-discapacidad-celebrara-21/20180409194736199544.html

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